En el año 2010 se suprimió la obligatoriedad de las cuotas camerales. Desde entonces, las cuatro cámaras de comercio del Archipiélago han llevado a cabo un intenso ajuste de sus gastos para poder garantizar su permanencia.

Asimismo han comenzado a dar servicios e incluso han entrado en competencia con otros operadores privados para poder generar ingresos y ser autosuficientes.

Sin embargo, seis años después se ha demostrado que la prestación de servicios y ciertas aportaciones públicas no son suficientes para garantizar su viabilidad. Las cuatro cámaras arrastran déficits y su situación financiera es muy delicada.

El Gobierno de Canarias trabaja sobre una norma que adapta en el ámbito autonómico el contenido de la Ley Básica de Cámaras, que no contempla una dotación económica para estas corporaciones de derecho público.

El Gobierno prevé que su financiación pase por la prestación de servicios y convenios cerrados para tal fin con otras administraciones. Una circunstancia que podría condenar a las cámaras y obligará al cierre o fusión de algunas de las actuales.