El Gobierno de Canarias pretende introducir «cláusulas sociales» en los pliegos de contratación. Bajo este nombre aparece la entrada de la calidad del empleo como uno más de los factores a evaluar en los concursos públicos. Tanto el comisionado el para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza como el presidente regional de Cruz Roja, coincidieron en que existen ciudadanos con empleo que tienen que pedir auxilio a las organizaciones no gubernamentales porque el dinero que cobran no es suficiente para subsistir.

A pesar de la mejoría económica y del empleo, lo cierto es que hay que mirar la calidad de este último, ya que se advierte que los trabajos son precarios y los sueldos son muy bajos.

La inclusión de la calidad del empleo como parámetro evaluable fue calificada por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, como una medida «populista» que solo añadirá dificultades a las licitaciones y restará «competitividad».

El representante empresarial recomendó al comisionado «buscar nuevo tejido empresarial y actividad económica» como fórmula ideal para evitar que haya canarios «sin ingresos».

Se desarrollarán políticas dirigidas a potenciar la generación de empleo del sector entre 25 y 40 años, que cuentan con una mayor inestabilidad laboral.

Para el comisionado, este grupo no es tenido en cuenta porque sus necesidades pasan desapercibidas al figurar en las estadísticas simplemente como trabajadores en activo, sin analizar si ello les permite o no cubrir realmente sus necesidades.

En Canarias existen más de 92.000 personas que no cuentan con ningún tipo de prestación, situación que, según el comisionado, debe ser abordada desde la Administración pública.

Se pretende tener disponible este conjunto de medidas para crear empleo antes de final de año.