El Gobierno canario ve como una «amenaza» para el hecho diferencial del Archipiélago la apuesta que han hecho varias autonomías por incluir la armonización fiscal en el nuevo sistema de financiación.
Andalucía fue la primera en reclamarlo, durante la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero. Solicitaba fijar topes máximos y mínimos a los impuestos cedidos a las regiones.
A esa petición, a la que ya entonces se opuso Fernando Clavijo, se han unido ahora buena parte de las demás comunidades autónomas.
La nivelación de impuestos es el punto de mayor consenso entre los aspectos que plantean las autonomías en sus respectivas alegaciones al informe del grupo de expertos. Éstas van a ser analizadas por el Comité Técnico Permanente de Evaluación que Hacienda ha convocado para el 28 de diciembre, como paso previo a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La propuesta generalizada de armonización no es, en opinión del Gobierno regional, la mejor manera de garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia del lugar en el que residan. La propuesta que Canarias ha enviado al Ministerio de Hacienda se basa en mejorar la coordinación entre la Administración Central y las autonomías de cara al reparto tributario, potenciando el espacio fiscal propio de las comunidades. Como alternativa a la armonización de impuestos, el Ejecutivo canario ve más eficaz que se fije una cantidad homogénea por habitante para la prestación de los servicios públicos básicos.
Todas las autonomías de régimen común, salvo Cataluña, entregaron en plazo sus valoraciones, pero el Gobierno estatal ya ha reconocido la imposibilidad de plantear una propuesta para la reforma del modelo de financiación en 2018, tal y como se había comprometido.
