El Gobierno de Canarias está analizando todas las posibilidades para impedir la negativa de Madrid a que la Comunidad pueda gastar su superávit en los servicios públicos esenciales y no tenga que dedicarlo a pagar deuda a los bancos.

Canarias espera que el Estado recapacite en su negativa, aunque ya busca otras fórmulas contra la decisión de Hacienda de computar como superávit los 500 millones de euros que dejó de ingresar el Estado entre 2012 y 2016 por el convenio de carreteras.

Desde el ejecutivo regional se recuerda que Canarias es la comunidad menos endeudada pero el Gobierno de España le obliga a pagar deuda.