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El Gobierno adeuda mil millones a los empresarios por la moratoria turística

Los empresarios han comenzado a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ejecute las indemnizaciones por no poder realizar sus proyectos urbanísticos en Lanzarote, Tenerife y, sobre todo, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria. Son las consecuencias que para el Gobierno de Canarias han tenido los cambios legislativos para afrontar la moratoria turística.

Se trata de 45 recursos cuyas reclamaciones patrimoniales rondan los 1.000 millones, una cantidad que dobla la recaudación anual de la Comunidad Autónoma por el IGIC.

Las empresas demandantes se acogieron a la Ley de Medidas Urgentes sobre Ordenación y Dinamización del Turismo del 2009, que permitía solicitar una indemnización a cambio de reclasificar el suelo a rústico de protección territorial durante cinco años, siempre y cuando las parcelas sean de uso turístico y estén afectadas por la moratoria.

La mayoría de los demandantes, tras pasar los dos meses de ejecución voluntaria sin que la administración se pronunciase, han solicitado la ejecución forzosa de las sentencias.

El siguiente paso es exigir a Política Territorial que convierta en rústicos los terrenos y compense a los dueños. Si no hay acuerdo entre las partes, los servicios jurídicos autonómicos deberían contradecir los informes periciales de las empresas con valoraciones a la baja de las cantidades a pagar.

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