El uno de enero de 2016 entrará en vigor uno de los capítulos de la Ley de Racionalización de la Administración Pública del Gobierno de España, provocando que los 60 ayuntamientos de Canarias con menos de 20.000 habitantes queden imposibilitados legalmente para ofrecer la prestación de Servicios Sociales.

No podrán gastar en ayudas a menos que reciban las competencias del Gobierno canario, por lo que la preocupación es significativa.

El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Servicios sociales que aplace la entrada en vigor de esa parte de la ley. Además, prepara una alternativa, la Ley Canaria de Municipios, para que puedan delegarse las competencias de nuevo a los Ayuntamientos.

El Estado ya informó a los interventores municipales que no se pueden incluir en los presupuestos del 2016 partidas para Servicios Sociales.

Ante este conflicto, se iniciarán diversas reuniones para estudiar posibles soluciones.