Dar de alta en la Seguridad Social a los 19.000 estudiantes que este año tienen que hacer prácticas en empresas o instituciones costará 2,5 millones de euros.

Un real decreto obliga a las universidades, empresas e instituciones a cotizar por las prácticas no remuneradas de alumnos de carreras universitarias o máster y de formación profesional, y no solo por los becarios que cobran por su formación externa.

La mayoría de comunidades, entre ellas Canarias, exigió ayer a la ministra de Educación que explique la medida y se desarrolle un reglamento que aclare quién tendrá que hacerse cargo de las cotizaciones de los becarios.

La ministra se comprometió a estudiar una regulación adecuada en los tres meses que da de margen el real decreto.

En el Archipiélago, 11.000 estudiantes de Formación Profesional y 1.000 de Formación Dual tienen que realizar este año sus prácticas. Se estima que el alta de estos alumnos tendrá un coste de unos 1,7 millones. Habría que sumar, además, las cotizaciones de los estudiantes universitarios.

Solo de los públicos, comenzarán este año sus prácticas unos 7.000 estudiantes, que generarían un gasto de 870.000 euros en cotizaciones.

En total, unos 2,5 millones de euros en altas que universidades y empresas ven difícil asumir.

Tanto la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) como el tejido empresarial han advertido que con esta medida el número de prácticas ofertadas puede disminuir, por lo que exigen diálogo para abordar la nueva normativa.

Del otro lado, los sindicatos aplauden el reconocimiento a estos becarios y aseguran que el coste de sus altas no es tan elevado como apuntan empresarios o rectores porque se refieren a jornadas laborales reducidas.