El boom del alquiler vacacional ha ocasionado que los precios residenciales se disparen en las Islas, lo que ha provocado un cambio de mentalidad. Antes se pensaba que era una fórmula turística de moda, pero ahora hoteleros y Gobierno optan por regularla en lugar de ponerle freno.

El decreto que prepara el Ejecutivo canario y que está presentando a los agentes sociales y económicos, así como a ayuntamientos y empresarios, presenta algunos puntos de fricción. El principal es su ámbito de actuación. El Gobierno plantea excluir de esta actividad a zonas de alta concentración hotelera y extrahotelera, ya que la ley entiende que la vivienda vacacional es un “uso complementario” del residencial. Donde no hay uso residencial, se niega. Los municipios turísticos y la propia asociación del alquiler vacacional rechazan esta prohibición.

Una de las consecuencias del traslado del alquiler vacacional a las zonas residenciales es el encarecimiento en los precios del alquiler de la vivienda de larga duración. En Canarias, el precio de la vivienda en alquiler creció en enero un 5,1%, situándose en 7,55 euros el metro cuadrado al mes. El Archipiélago es la quinta comunidad con los precios de alquiler más elevados.