Dos de cada tres canarios con trabajo cobran menos del salario mínimo y uno de cada dos ingresa solo 1.000 euros al mes. Muchos de ellos, además, son cabeza de familia.

La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, en su comparecencia en el Pleno del Parlamento, admitió que las situaciones de desamparo que se dan en muchos puntos del Archipiélago obligan al Ejecutivo a diseñar un plan más ambicioso que la actual estrategia de lucha contra la pobreza.

La realidad de muchas familias en el Archipiélago es dramática, muchos ancianos no tienen dinero para pagarse los medicamentos, 12.000 personas dependientes están sobreviviendo sin ayudas y el descenso de la tasa de paro emplea a muchos trabajadores solo durante un par de horas.

El Gobierno quiere utilizar siete millones de euros del crédito extraordinario para abonar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), aunque no hay una fecha para su ingreso.

Todos los diputados estuvieron de acuerdo en que hay que proteger a los más vulnerables y en que esta realidad compleja debe ser afrontada por todos los grupos políticos, estén o no en el equipo de Gobierno.