El 8 de marzo las mujeres convirtieron ese día en una fecha histórica para la sociedad española gracias a las múltiples y multitudinarias manifestaciones en las calles y en todos los soportes audiovisuales existentes.

La reacción de nuestros partidos políticos fue rapidísima, mi impresión fue de verdadero asombro, todos quieren averiguar y corregir aquello que ha motivado el olvido de ese inalienable derecho que todos tenemos a la igualdad de oportunidad y a la igualdad de trato.

Sí recomiendo a las asociaciones de mujeres que no dejen su reivindicación y no bajen la guardia pues nuestros políticos, que tienen garantizado su bienestar, pronto olvidan la obligación que tienen de velar por el pleno respeto a los derechos fundamentales e inalienables, por más que estén recogidos en la propia Constitución.

Y digo esto por la propia experiencia que la sociedad canaria lleva viviendo, especialmente desde 1991, respecto al resto de las sociedades que conforman el Estado español, ya que se nos ha privado del derecho fundamental a la igualdad de oportunidad respecto a éstos.

Y me explico: es evidente que el alejamiento de nuestras islas respecto al resto del territorio nacional, nuestro fraccionamiento y la escasez de recursos naturales suponen una gran desventaja para el desarrollo cotidiano tanto a las personas que vivimos aquí, como a las empresas que producimos o prestamos servicios en Canarias.

Es obvio que la escasez de recursos naturales hace que tengamos que acudir al exterior para proveernos de todo lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana, ya sea alimentación, textil, electrónica o calzado, al igual que les ocurre a las empresas, ya que precisan materias primas para producir, productos para vender, o clientes a los que alojar o servir un menú, como es el caso de hoteles y restaurantes, es decir, el punto en común de todos los que residimos en Canarias, es la necesidad de acudir al exterior para garantizar nuestras necesidades. Esto no supondría mayor problema si estuviéramos en territorio peninsular o continental, ya que los medios de transporte y su coste nos facilita el acceso a los productos que necesitamos, al igual, que nos permitiría vender lo que producimos al mismo coste que el resto; pero es que nuestra lejanía, y peor aun, nuestro fraccionamiento territorial dificultan y encarecen tanto lo que consumimos, como lo que potencialmente pudiéramos producir.

Esto, que parece obvio, y una explicación casi hasta pueril de nuestra realidad, parece que se convierte en algo desconocido y extraño para nuestros políticos, y digo más, para todos nuestros políticos, que deben vivir en una realidad ajena, o en la era de la pos verdad, como está de moda ahora entre los tertulianos de los medios de comunicación, ya que son los que nos impiden nuestro derecho fundamental a la igualdad de oportunidades que está garantizado para todos los españoles.

Esta rotunda afirmación la sustento en el hecho de que si fueran conscientes de nuestros graves condicionantes, y el coste que ello conlleva, se hubieran esforzado todos a una por exigir, invocando el principio de solidaridad territorial, que se nos compensara dicho coste para garantizar el constitucional derecho del que hablamos. Llevo más de veinticinco años con esta demanda hacia nuestra clase política y gubernamental de manera reiterativa y casi hasta la extenuación, sin que desde luego, se haya producido ningún efecto en las filas de los distintos partidos políticos con representación en nuestras islas.

No va con ellos lo que vive la sociedad canaria, no va con ellos. Que casi el 50% de la sociedad canaria esté en riego de pobreza y exclusión social no debe constituir para ellos objetivo primero y, casi hasta único, diría yo. Que según el Instituto Nacional de Estadística, los ciudadanos canarios llevemos 17 años empobreciéndonos y alejándonos de la renta media por habitante a nivel nacional 19 puntos, tampoco debe constituir una prioridad ejecutiva para el Gobierno y legislativa para el Parlamento.

Lo peor y más triste, no es que esta sea nuestra realidad, lo más triste es que tanto el Gobierno de Canarias, como el Parlamento disponen de una herramienta diseñada para compensar nuestros graves condicionantes, que es el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, nuestro histórico REF. A pesar de que ahora el REF sirve sólo para los empresarios (algunos, no todos), para subvencionar los billetes de avión o barco, o el transporte de las mercancías para los empresarios del sector primario o industrial (el resto de sectores económicos no deben ser canarios), para poco más sirve.

Y así llevamos desde que decidieron los representantes políticos canarios, en los albores de los años noventa, cambiar el modelo económico y fiscal de Canarias, que siempre estuvo basado en las franquicias fiscales y al consumo, en la libertad de importación y exportación. Desde los Reyes Católicos que otorgaron una exención fiscal a Canarias del 80% de la tributación del resto del Reino, hasta los años noventa del pasado siglo, con oscilaciones y modulaciones esto ha sido respetado así, para garantizar en la medida de los posible la igualdad de oportunidad con el resto de los residentes en el territorio español.

Por cierto Sr. Clavijo, he leído en este mismo periódico del 24 de marzo que en una reunión en Bruselas, usted dijo que hay que garantizar a las RUP igualdad de oportunidades. Le rogaría que trasladara su discurso en el exterior, no a discursos en nuestra tierra; no, a hechos, Sr Clavijo, a hechos, adoptándose medidas fiscales a favor de todos los canarios, que compensen a todos, los costes derivados de la insularidad y lejanía, garantizando así la igualdad de oportunidades.

Así que todas las mujeres de nuestro país, sus Asociaciones y representantes hacen bien visibilizando su reclamación al inviolable derecho a la igualdad de oportunidades, porque así alejarán a los representantes políticos de la tentación de cercenar algo tan fundamental y constitucionalmente reconocido, como hicieron con el régimen especial para Canarias.

Antonio Rodríguez Suárez