El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife desestimó un recurso interpuesto por Cajas Rurales Unidas ante la sanción de 6.000 euros que le había impuesto la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, por el uso de cláusulas abusivas en tarjetas de crédito.

Es una situación sin precedentes para el Gobierno de Canarias, nunca se le habían dado competencias sancionadoras.

En esta situación se habían fijado un interés del 4%, del 4% en caso de demora, y que la entidad estaba cargando con unos tipos del 17,40% y un 25%.

La sentencia ratifica la sanción de 6.000 euros, recordando que para la Ley las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones contractuales que no han sido negociadas de individualmente por el consumidor y causan, en contra de la buena fe, un perjuicio para él.