La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó el pasado viernes un documento por el que se regirán las nuevas contrataciones públicas de acuerdo a criterios sociolaborales y no estrictamente económicos. Estas cláusulas sociales de los contratos colocarán al Ayuntamiento de la ciudad como la primera institución a nivel insular en impulsar este cambio de perspectiva en las adjudicaciones de bienes y servicios.

A partir del momento en que el servicio de Contratación culmine la instrucción sobre las cláusulas sociales, todos los concursos quedarán sometidos a las nuevas condiciones. El peso de la oferta económica se verá reducido, quedando entre el 60% y el 80% del conjunto de los criterios de valoración.

El resto se atribuirá a cada oferta en función de dos puntos básicos: en primer lugar, la valoración de la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, y la existencia de un plan de conciliación de la vida laboral y familiar; y en segundo lugar, la exigencia del respeto a los convenios laborales vigentes por parte de las adjudicatarias.

La aplicación de estos nuevos criterios no afecta a los procesos de adjudicación que están en marcha. En estos momentos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene pendiente de adjudicar más de una decena de servicios por valor de unos treinta millones de euros.