Recientemente hemos escuchado a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, doña Rosa Dávila decir que respeta el cupo vasco y navarro, pero reclamaba a Urkullu el respeto a las singularidades canarias recogidas en el Régimen Económico y Fiscal, para compensar la lejanía, la ultraperiferia y la fragmentación del territorio por el hecho insular.

Lo que hoy conocemos como cupo vasco y cupo navarro tiene su origen en el derecho foral, en los fueros que recogían condiciones fiscales de se mantuvieron a lo largo de la historia de España (salvo un corto período comprendido entre 1812, y 1836). En la historia moderna, quedan reconocidas las especialidades navarra y vasca a través de la Constitución Española cuya disposición adicional primera dice lo siguiente: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía».

Esto ha permitido que tanto Navarra, como el País Vasco hayan tenido una fiscalidad diferenciada al resto del territorio español, pagando menos impuestos que en el resto del territorio nacional, que ha llegado a ser un potente atractivo de la inversión económica.

Las Comunidades de Navarra y País Vasco han usado siempre sus condiciones especiales de integración en España (llamándose de distintas maneras, fueros, conciertos o cupos) para reducir la fiscalidad directa, el IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, e incluso el Impuesto de Sociedades durante algunos años, manteniéndose la fiscalidad indirecta como en el resto del territorio nacional (IVA e impuestos especiales).

Es decir, generalmente lo que han hecho es reducir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el impuesto que se paga de manera proporcional y progresiva, en base a los ingresos que se perciban se pagará el mismo. Las autoridades de dichas comunidades han concentrado la potestad que tienen para decidir sobre los impuestos directos en beneficiar a todos los ciudadanos residentes, sirviendo al interés general de la sociedad.

Sin embargo, si analizamos la fiscalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo respeto exige nuestra Consejera, vemos que las especialidades, en cuanto a la fiscalidad directa, se concentran en el marco del Impuesto sobre Sociedades, y sólo pueden acogerse a las mismas y disfrutar de ellas, las empresas, no los ciudadanos. Pero además no beneficia a todas las empresas por igual, ya que hay unos beneficios para las empresas con carácter general (Reserva de Inversiones en Canarias), otras para empresas que desarrollen actividades agrícolas, ganaderas o industriales (bonificación por actividades productivas), y, otras para las empresas autorizadas como ZEC.

En la fiscalidad directa que afecta a las personas físicas, en los impuestos que pagamos los ciudadanos residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, no existe especialidad ninguna, por lo que los canarios pagamos en concepto de IRPF como el resto de españoles residentes en territorio peninsular, es decir, como si viviéramos en Madrid, Valencia o Lugo.

Pero, si analizamos la fiscalidad indirecta en Canarias vemos que pagamos el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) que es el equivalente al IVA peninsular, pero además pagamos un impuesto que sólo existe aquí, el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias. Este impuesto, el AIEM, lo pagamos todos los consumidores canarios y permite al Gobierno de Canarias una recaudación de más de ciento cincuenta millones de euros anuales.

La coexistencia de estos dos impuestos, en la importación y venta de muchísimos productos, hace que en muchos productos se paguen más impuestos en Canarias que en el resto del territorio peninsular.

No es cosa del azar o de la casualidad que tengamos la cesta de la compra más cara del territorio nacional, y que no sólo debido al alejamiento e insularidad de nuestro archipiélago que conlleva los gastos inherentes al transporte y a la logística.

El VII Informe Anual sobre el Riesgo de Pobreza y Exclusión Social de 2017 sobre España es demoledor, Canarias vuelve a ser la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión, nada menos que con el -44,6% de la población (según el indicador Arope), mientras que las más bajas corresponden a Navarra, con el -13%, y el País Vasco, con el -17,6%.

De los datos expuestos deben hacerse profundas reflexiones por parte de nuestras autoridades y representantes de todos los partidos políticos, ya que no es sostenible, no es comprensible que ya tengamos casi a la mitad de la población canaria en Canarias.

Tendrán que explicarle a la sociedad canaria porqué vivir en Canarias, después de veinticinco años con el mismo modelo económico y fiscal, es peor que vivir en Navarra o en el País Vasco, si Canarias también tiene reconocidas especificidades económicas y fiscales, tanto en la propia Constitución Española como en el propio Estatuto de Autonomía y reconocimiento y autorización europea.

Desde mi humilde opinión todo es debido a las erróneas políticas en las que han basado el sistema económico y fiscal en el que han sustentado las especificidades o fueros o cupo canario.

La realidad es tozuda, y los datos económicos y sociales también, y por más que queramos interpretarlos o explicarlos, generalmente tirando de ideologías o demagogias, nuestra sociedad se ha empobrecido.

Y hasta que de verdad, nuestro fuero, nuestras especificidades, el Régimen Económico y Fiscal, no compense en su totalidad, los efectos de la insularidad y la lejanía, que hasta el momento, según el último estudio realizado está cuantificado en seis mil millones de euros, no avanzaremos, ni generaremos actividad económica o empleo, ni estimularemos el consumo.

Estos seis mil millones de euros servirían para igualarnos a las condiciones de vida y competencia del resto de las Comunidades Autónomas nacionales, no para darnos una ventaja o beneficio sobre ellas, ya que nuestra situación geofísica siempre nos obligará a tener otras condiciones. Me explico, las empresas en Canarias siempre estarán obligadas a tener stocks de mercancías o materias primas en nuestros almacenes, necesitaremos siempre más tiempo para abastecernos y para suministrar (en las importaciones y exportaciones), gastaremos más tiempo en nuestros desplazamientos en territorio nacional (aun cuando fueran absolutamente gratis), etcétera.

Así que Sra. consejera, le animo a hacer valer nuestros históricos fueros, hoy conocidos como especificidades, materializándolas en medidas que permitan lo expresado anteriormente y que beneficien a todas las personas y a todas las empresas que residen en Canarias para empezar la transformación de la sociedad en positivo, y que en próximo Informe Anual realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza no aparezcamos o estemos en la cola, junto con Navarra.

Antonio Rodríguez Suárez.