Los gobiernos de Canarias y Baleares instarán al Estado a que lleve a cabo una regulación mínima de las plataformas de alquiler vacacional para proteger los derechos de los consumidores y de los proveedores del servicio, así como velar por la imagen y la calidad de los destinos.

Ambos archipiélagos cuentan ya con sendas normativas específicas que regulan el alquiler vacacional, pero sin apenas coincidencias.

Los responsables de Turismo de ambas comunidades hicieron hincapié en la necesidad de que el Estado reconozca la importante contribución económica que realizan Canarias y Baleares, que suman el 22% del total del PIB turístico de España. Los responsables pidieron que este reconocimiento se traduzca en la ejecución de dos planes: uno permanente de renovación de las infraestructuras y otro de innovación tecnológica para los destinos insulares.