El Gobierno de Canarias tuvo 598 millones de euros de superávit en 2017, a lo que hay que sumar 800 millones obtenidos por cabildos y ayuntamientos. En totoal son 1.400 millones que, según la consejera Rosa Dávila, están bloqueados en los bancos.

Seis comunidades han demandado un nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a las que se ha undio Canarias.

La intención es que los presupuestos del próximo año permitan invertir este superávit en servicios públicos esenciales, y no sólo en inversiones financieramente sostenibles como establece la ley de estabilidad.

La consejera de Hacienda señaló que, al margen de la decisión del Estado, Canarias hará sus presupuestos generales para 2019, incorporando el superávit en el momento en el que la ley de estabilidad lo permita.