El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un decreto que establece los requisitos a cumplir por las empresas de certificación de productos agroalimentarios con los sellos de calidad Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) que quieran iniciar su actividad en Canarias.

El decreto permitirá que las entidades puedan iniciar su actividad de forma provisional, siempre que cuenten con acreditación para certificar un producto con el mismo nivel de protección que el producto para el que comienza la actividad de certificación en el Archipiélago.

Actualmente existen muchas figuras que amparan productos agrarios y alimentarios en Canarias. Parte de ellas son de titularidad pública, en las que el control y certificación corresponde al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

El Gobierno regional considera que el incremento en el número de DOP e IGP reconocidas en las Islas aconseja el establecimiento de un sistema que delegue las tareas de verificación del denominado pliego de condiciones que deben cumplir las producciones.