La Comisión Europea ha concluido en un informe preliminar que el sistema tributario que aplica España en sus puertos les concede “una ventaja selectiva que puede vulnerar las normas de la UE sobre ayudas estatales”.

Bruselas ha reclamado tanto a España como a Italia que garanticen que a partir del 1 de enero de 2020 sus puertos contribuyan al impuesto de sociedades igual que el resto de empresas y les ha dado dos meses para modificar sus normativas a tal efecto.

Las principales fuentes de ingresos de los puertos en España, como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos por contratos de arrendamiento o concesión, están exentos del impuesto de sociedades.

De no aceptar sus propuestas, la Comisión no descarta iniciar una investigación en profundidad para verificar la compatibilidad de las ayudas fiscales y reclamar su fin si constata que distorsionan la competencia en el mercado único.

El Ejecutivo comunitario ya ha reclamado a países como Holanda, Bélgica y Francia en los últimos años que eliminen la exención del impuesto de sociedades a sus puertos.