La Comisión Europea ha reiterado que es «esencial» que España apruebe la reforma del sector de la estiba después de que el Congreso rechazase el real decreto ley del Gobierno.

El sistema de trabajo portuario español no está en línea con la legislación europea. Además, el Ejecutivo comunitario también cree que es una cuestión de competitividad para los puertos españoles. Por eso se insta a España a cumplir con sus obligaciones como miembro de la Unión Europea, aunque no se ha especificado una fecha límite.

El recurso comunitario propone multas concretas hasta que España apruebe la reforma. La primera de ellas impone una sanción diaria de 27.522 euros desde el día en el que el TUE declaró ilegal el sistema español, el 11 de diciembre de 2014. El montante acumulado hasta hoy es de 22,8 millones.

La segunda sanción supondría una cuantía diaria de 134.107,2 euros desde el momento en que la justicia europea falle su segunda sentencia.

De cualquier modo, la justicia europea todavía puede tardar unos meses en pronunciarse sobre el caso.