El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de cámaras de comercio, que establece como dar estabilidad a la financiación de estas instituciones.

Desde que el Gobierno estatal eliminó la obligatoriedad de las aportaciones privadas, las cámaras han buscado la manera de asegurarse la financiación. Tras muchas reivindicaciones, consiguieron 700.000 euros del Gobierno.

Según el consejero Pedro Ortega, el proyecto se adapta a la ley estatal, posibilitando recibir financiación mediante convenios suscritos con las administraciones públicas, dado su carácter de corporaciones públicas.

Asimismo, pueden recibir ingresos privados por pago de servicios y aportaciones de personas a título individual y de carácter voluntario.

Ortega incidió en que las cámaras deberán moverse por «objetivos y resultados» para dotarse de financiación, con el objetivo de que perduren.