El Gobierno aprobó el pasado viernes el real decreto-ley sobre la reforma del modelo de estiba, que deberá convalidar el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de un mes, sin tener garantizado, de momento, el respaldo suficiente.

La reforma, exigida por el Tribunal de Justicia de la UE, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas estibadores, pero es rechazada por los sindicatos, que han convocado una huelga de nueve jornadas alternas en marzo.

La sentencia exige liberar el sector, que es el único en España donde no existe la libre contratación de los trabajadores, y establece la máxima flexibilización para mantener los derechos de los empleados y la igualdad competitiva de las empresas.

Tras la aprobación del decreto, el sindicato de estibadores reafirmó la convocatoria de huelga, ya que cree que la nueva regulación «va mucho más allá de lo que pide Europa y no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, sino al de las grandes empresas».

Los estibadores y la patronal Anesco tienen abierto un proceso de diálogo en la negociación colectiva. La próxima reunión está prevista para el martes.