Los agricultores y ganaderos canarios luchan para que desde Madrid y Bruselas se mejore su situación.

La protesta es global, pero en el caso de Canarias la caída de rentas no es el único problema. La insularidad, los nuevos acuerdos comerciales de la UE, el brexit, la incertidumbre del nuevo marco financiero europeo o la imposición de aranceles de EEUU son otros de los aspectos que amenazan al sector primario de las Islas.

En el caso del brexit, las ayudas que recibe el tomate para compensar el transporte desaparecerían, al pasar a ser Reino Unido un tercer país. El sector está a la espera de que Bruselas dicte si se puede seguir cobrando esta subvención.

Por otro lado, el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 que negocian las autoridades comunitarias también afecta al Archipiélago. La Comisión Europea (CE) propone reducir un 5% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y en el caso de las RUP, un 3,9% del Posei. De ser así, la pérdida en los próximos siete años sería de 73 millones.

Acuerdos de colaboración de la UE con Marruecos o Sudamérica suponen otro problema para las Islas, que estarían en inferioridad de condiciones en cuanto a coste y controles de calidad.

Los aranceles de Estados Unidos a determinados productos agroalimentarios procedentes de la UE afectan también a los bodegueros canarios.

Todos estos obstáculos se suman a la lejanía y fragmentación del territorio. El precio del suelo agrario canario es ocho veces más caro que el del resto del país.