El Gobierno regional trabaja para aprobar la ley de renta canaria de ciudadanía, entre cuyas prioridades está incrementar las pensiones de viudedad y no contributivas de 15.000 a 20.000 mayores en Canarias. Aquellas personas, sobre todo mujeres, que cobran menos de 300 euros al mes alcanzarían los 600.

Aumentar los beneficiarios y los perfiles que se puedan acoger a esta prestación, entre ellos las familias sin ingresos, personas en riesgo de exclusión social y pensionistas con pagas muy bajas, es el fin primordial de la nueva ley.

El presupuesto autonómico de 2020 tendrá 27 millones más para la prestación canaria de inserción (PCI) en su transición hacia la renta ciudadana. El Ejecutivo regional espera incrementar esta partida con los 30 millones del Estado para la lucha contra la pobreza.

El objetivo es que la ley que regula la renta de ciudadanía se apruebe en el Parlamento antes de acabar 2020.

En las cuentas autonómicas se incrementa en dos millones de euros la dotación a los municipios para que agilicen los trámites en sus oficinas, aunque también se busca cierta centralización.